23 de julio de 2008

'Invitamos a las mexicanas a organizarse y juntas acabar con el neoliberalismo y luchar por el respeto a la vida, sin dejar de trabajar para no morirnos de hambre': Comandate Dalia...'

La comandante Rosalinda recuerda desde su infancia las luchas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) por patentizar el rol político de las mujeres mexicanas dentro del grupo insurgente y también en las funciones de gobierno.

Nacido a la luz pública en 1994 y gestado en las selvas de la Sierra Lacandona, en el sureste mexicano, el EZLN reconoce la participación femenina en los frentes revolucionarios del movimiento, cuya auténtica incorporación germina del pueblo indígena.

'Esa es una de las más importantes premisas revolucionarias', afirmó la comandante Rosalinda en el último Encuentro Internacional de las Zapatistas, frente a más de dos mil participantes y delegadas de 30 países y del estado de Chiapas.Como en la mayoría de los foros del grupo insurgente mexicano, esta vez las mujeres al mando de la Comandante denunciaron la negativa de la administración federal a establecer una mesa de diálogo para discutir los problemas de género.

“Exigimos se nos tenga en cuenta, tenemos el derecho a participar, a ser elegidas en las diputaciones y a defender las conquistas de la población zapatista discriminada por años”, destacó.

El EZLN está seguro de que ellas son parte indispensable en la dirección del país, con un lugar especial a la hora de encarar retos al más alto nivel y por ello, en los escenarios nacionales exigen ofrecer a las indígenas oportunidades para asumir cargos públicos.

Hace 14 años, en la selva tzeltal, se promulgó la Ley Revolucionaria de Mujeres y desde entonces hasta la actualidad existe todo un programa de lucha y respeto para las zapatistas.La norma constituye el eje conductor no explícito de los debates con mujeres del mundo a fin de perfeccionar un modelo de vida mejor hacia el futuro.Dalia, otra comandante zapatista, declaró a la prensa que las indígenas nunca perdonarán los daños ocasionados por el capitalismo.

Llenos los ojos de lágrimas, evocó a las caídas en la lucha por sus derechos y narró los cambios materializados en las comunidades indígenas, en donde se van borrando la discriminación y la violencia doméstica.La oradora recordó pasajes del alzamiento hace 14 años, la experiencia de su batallar pacífico y en la resistencia, así como la evolución registrada a partir de entonces con la incorporación de las mujeres a la vida política y la participación comunitaria.

'Por esa razón invitamos a las mexicanas a organizarse y juntas acabar con el neoliberalismo y luchar por el respeto a la vida, sin dejar de trabajar para no morirnos de hambre', indicó.Una de las tareas que se han propuesto las mujeres zapatistas en sus comunidades es rescatar la medicina tradicional, con la capacitación en temas herbolarios y en laboratorios botánicos ya establecidos.

La dinámica que manejan es simple: las ancianas capacitan a las más jóvenes y establecen un ciclo, porque -como manifiestan las indias-para los integrantes del EZLN 'la medicina no es un negocio'.

El sueño más recurrente de las zapatistas es constituir una universidad autónoma, reconocida a escala nacional, para formar a servidores del pueblo con una cultura histórica sólida. Piensan en el desarrollo de la juventud mexicana, considerada por los zapatistas como el futuro.

Programas de estudio

Los núcleos de mujeres han desplegado programas de estudio interno dentro de las localidades indígenas, sobre todo en las de Chiapas, en cuyos centros, llamados escuelas autónomas zapatistas, han atendido a más de dos mil alumnos.

El papel de la mujer es significativo en la promoción de planes de trabajo, el cuidado de recursos naturales, y las siembras de frutos y verduras en la selva.Una mamá zapatista especificó que 'a sus niños se les enseña a respetar a sus mayores e iguales, a asumir responsabilidades y hacer conciencia social'.Como mujeres han demostrado tener el valor de empuñar las armas si así fuera necesario y exponer su preocupación ante la presencia excesiva de bases militares en los alrededores de sus comunidades chiapanecas.

Reportajes destacan la labor femenina de difusión en reclamo de la liberación de zapatistas presas por el sólo hecho de defender las conquistas revolucionarias. Sin las mujeres no se puede hablar de un gobierno del pueblo, por eso ahora ellas son reconocidas dentro de las comunidades indígenas y tienen derecho a discutir sobre el proceso político en México.Sus mensajes son reiterativos a la hora de animar al género en pos de la esperanza y el futuro triunfo de las mujeres mexicanas en ciudades o en el campo.

Por Yudith Díaz Gazán/Prensa Latina
http://cml.vientos.info/node/12656

YO HE ABORTADO


Yo he abortado y siento alivio.

Yo he abortado porque no deseo más hijos.

Yo he abortado porque mi embarazo fue forzado.

Yo he abortado porque estoy sola y no tengo recursos.

Yo he abortado porque tengo 15 años y aún no quiero ser madre.

Yo he abortado porque me violaron. No quiero un hijo de un violador.

Yo he abortado porque no tuve acceso a métodos anticonceptivos.

Yo he abortado porque el condón se rompió.

Yo he abortado porque me negaron la anticoncepción de emergencia.

Yo he abortado porque el embarazo ponía en riesgo mi vida.

Yo he abortado porque mi hijo venía gravemente enfermo.

Yo he abortado porque en mi trabajo me podían despedir.

Yo he abortado y en el hospital me denunciaron.

Yo he abortado con mis hermanas, mis hijas, mis amigas.

Yo he abortado sola, con miedo y a escondidas.

Yo he abortado con mi pareja, y yo he abortado sin ella.

Yo he abortado en cuartos oscuros, sórdidos, donde las palabras no cuentan, y los dolores se callan.

Yo he abortado entre sábanas blancas y paredes impolutas, pero donde las palabras tampoco cuentan, y los dolores también se callan.

Yo he abortado porque la maternidad no está en mi camino.

Yo he abortado porque fue mi decisión.

Yo he abortado porque es mi derecho.



EDUCACION SEXUAL PARA DECIDIR

ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR

ABORTO LEGAL PARA NO MORIR

FEMICIDIO EN ARGENTINA


Cada dos días y medio, una mujer muere en nuestro país como consecuencia de las agresiones de sus esposos y/o parejas, según un informe de Amnistía Internacional Argentina que da cuenta de los feminicidios. Sin embargo, desde el Estado, no hay políticas públicas destinadas combatir este flagelo.

Tampoco el número es certero, ya que no existen estadísticas oficiales sobre la realidad que atraviesan las mujeres que tienen esposos golpeadores. La cifra de crímenes contra las mujeres que realizó Amnistía Internacional está basada en un seguimiento de los medios de comunicación, es decir, a través de las noticias sobre muerte de mujeres a manos de sus maridos publicadas en los diarios escritos y online del país.

"Sólo con esos datos sabemos que una mujer muere cada 2,5 días a mano de su pareja o su ex pareja. Pero, por ejemplo, una mujer que está dos meses en un hospital y muere a causa de los golpes no sale en los diarios", afirmó el director ejecutivo de Amnistía Internacional Argentina, Rafael Barca, al diario Los Andes de Mendoza. "Tampoco (salen en los diarios) las que se suicidan porque están hartas de los malos tratos. Se registran como un suicidio y no se indaga en las causas", agregó.

El organismo ha presentado al Gobierno un "Plan de Acción de 14 puntos contra la Violencia Doméstica". No obstante, "no hemos recibido respuestas a nuestras comunicaciones por parte del Gobierno. En los últimos 10 años ha habido avances en esta lucha. Pero se necesita subir el problema de categoría, es necesario convertirlo en un problema de Estado. Hace falta un plan integral de lucha. Pero para que esto sirva, es imprescindible crear a la vez un plan de lucha por la igualdad de derechos", sostuvo Barca.


Junio de 2008

http://www.mujeressinfronteras.com/msf/content.php?id=387
21 de Julio de 2008

ECUADOR

Mujeres andinas participan de
Encuentro sobre Comunicación y Género

(Nota con Audios)

Mujeres de Colombia, Bolivia, Perú, Chile y Ecuador realizaron el Encuentro Andino de Comunicación y Género en Quito. Asistieron integrantes de Movimientos Sociales y Comunicadoras de la Región Andina.

Las participantes abordaron temas como la situación de las mujeres en los medios, no solo de comunicación, sino también, las organizaciones en la que están insertas.
Analizaron el lenguaje sexista y las prácticas discriminatorias hacia las mujeres en todos los ámbitos.

El encuentro que se desarrolló del 7 a 12 de julio, se enmarca en una serie de talleres planificados hasta fines del mes de agosto.

Los próximos talleres serán para Mesoamérica y el Caribe en Managua, Nicaragua y por último se realizará el encuentro para el Cono Sur.

Mary Ann Linch, integrante de la Minga Informativa de los movimientos sociales en diálogo con la Red Nosotras en el Mundo, explicó los alcances del taller.

Dijo que durante el encuentro se visibilizaron los logros de las mujeres en sus movimientos sociales, además de repensar la comunicación como un espacio estratégico y la búsqueda de un lenguaje mediático con enfoque de género.

Audios disponibles:

Mary Ann Linch, Minga Informativa de los Movimientos Sociales (datos)
45 seg. (356 KB)

Mary Ann Linch, Minga Informativa de los Movimientos Sociales (tres ejes)
48 seg. (379 KB)
19 de Julio de 2008

"Acostúmbrense a decir presidenta". (Cristina Fernández dixit)

¿DE QUÉ GÉNERO HABLAN?
Por Varias
Declaración por los derechos de las mujeres

Muy pronto se realizará en Neuquén el XXIIIº Encuentro Nacional de Mujeres, el primero que se hará con una presidenta mujer en la Casa Rosada. Por primera vez hay 8 mujeres presidentas en el mundo y es por eso que, en su campaña electoral, Cristina Fernández hablaba del "siglo de las mujeres".

En los inicios de la disputa que todavía hoy el gobierno nacional mantiene con las entidades patronales "del campo"-ahora en su nuevo capítulo "parlamentario"-, la presidenta aludió, en algunas oportunidades, a que es más atacada por ser mujer. Pero a pesar de estas referencias al género, los problemas de las mujeres y sus derechos no son parte de la agenda del gobierno de Cristina, ni tampoco de la oposición. Su asunción como presidenta, hace no más de seis meses, fue analizada por el periodismo, ciertos sectores feministas y grupos políticos afines al kirchnerismo, como un gran paso adelante para todas las mujeres.

Pero en sólo medio año de gobierno, Cristina Fernández no solo dio por finalizado el "doble discurso" que caracterizó a la gestión de Néstor Kirchner, sino que también se avanzó en medidas contrarias a los intereses de la mayoría de las mujeres. Si antes el "doble discurso" se mantenía con un ministro de Salud que hacía declaraciones favorables a la despenalización –aunque no se avanzara efectivamente en aprobar ningún proyecto de ley en este sentido-, Cristina, con el claro objetivo de mejorar las relaciones con la Iglesia, puso en su lugar a Graciela Ocaña quien, a poco de asumir, afirmó que el aborto es un tema de "política criminal".

Algo que no puede sorprender ya que va en consonancia con las reiteradas declaraciones de la presidenta contra el derecho al aborto y cuya negación es la causa por la cual mueren más de 500 mujeres, cada año, en nuestro país. Como si esto fuese poco, en estos últimos meses el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva atraviesa una de sus mayores crisis, con el desabastecimiento de anticonceptivos gratuitos que no llegan a los hospitales a los cuales recurren las mujeres trabajadoras y de los sectores populares.

Bajo el gobierno de Néstor Kirchner se intentó generar expectativas, entre algunos sectores del movimiento de mujeres, con el nombramiento de Carmen Argibay en la Corte Suprema. Hoy reinan la decepción y el desconcierto por su fallo contra Romina Tejerina, condenada por los tribunales jujeños y cuya condena fue ratificada por esta Corte supuestamente "progresista", el mismo día en que se habilitaba al torturador Luis Patti para asumir como diputado.

Como si fuera poco, el Congreso –bajo la presión del imperialismo, con mayoría oficialista y bajo la mirada atenta del ministro Aníbal Fernández- aprobó velozmente una Ley contra la Trata, ampliamente cuestionada por todas las organizaciones de mujeres, los grupos que luchan contra el proxenetismo y por los propios familiares y allegados de las cientos de víctimas que permanecen desaparecidas. Una ley que revictimiza a las víctimas y dificulta aún más la probación del delito de los proxenetas, mientras ya se cuentan casi 600 jóvenes de entre 13 a 24 años desaparecidas –sólo desde enero de 2007 y sin incluir a las mujeres extranjeras que llegan engañadas o son secuestradas en sus países de origen para ser explotadas, esclavizadas y privadas de su libertad en prostíbulos, talleres y otros establecimientos clandestinos-. También denunciamos que, bajo el gobierno de Cristina Fernández, el 54% de las mujeres trabajadoras sigue "en negro", mientras salen a la luz numerosas denuncias sobre las deplorables condiciones de trabajo.

Mientras se subsidia a los empresarios "amigos" y se recaudan fondos destinados a favorecer la alianza política de intendentes y gobernadores, se reprime con la policía, la prefectura y el ejército a las trabajadoras y trabajadores que reclaman sus salarios o luchan contra los despidos, como sucedió en Mafissa, en el Casino Flotante o, más recientemente, en La Quiaca.

Hoy, mientras persiste el enfrentamiento del gobierno y las entidades patronales "del campo", se agrava aún más la situación de la clase trabajadora que ve cómo los salarios se deterioran día a día con la inflación. Son las mujeres, una vez más, quienes asumen sobre sus espaldas las penurias de ingresos que no cubren la canasta familiar –cuyo valor está falsificado por la intervención que el gobierno hizo del INDEC- y por la amenaza de desabastecimiento, mientras los empresarios ruralistas derraman miles de litros de leche en las rutas del país.

El lock out de las patronales agrarias –que expresa la búsqueda de una mayor rentabilidad por parte de un sector que ha embolsado cuantiosas ganancias gracias a la devaluación y el aumento de los precios internacionales- es apoyado por la oposición antiobrera y que también se opone a los derechos de las mujeres, como Elisa Carrió o la macrista Gabriela Michetti que, bajo las sotanas de Bergoglio, han repetido en diversas oportunidades su oposición a la despenalización del aborto.

Entre sus filas no sólo se encuentran opositores a la ley de educación sexual, a la ligadura de trompas y al derecho al aborto, sino también quienes promueven una reconciliación con los genocidas de la dictadura militar, que asesinaron y torturaron a miles de luchadoras y luchadores, secuestrando a sus bebés, muchos de los cuales aún permanecen sin conocer su verdadera identidad.

Bajo esa dictadura se promulgó la ley 22.248 que permite la brutal explotación de las trabajadoras y trabajadores rurales, con los salarios más bajos del país y de los cuales un 75% está "en negro", como las trabajadoras del ajo de Mendoza, que fueron salvajemente reprimidas cuando intentaron levantarse contra estas condiciones de verdadera esclavitud. En el debate público que generó esta disputa por la "renta", se ha pretendido limitar las opciones políticas al alineamiento con alguno de estos dos bandos igualmente defensores de los intereses del capital. En el movimiento de mujeres, algunas activistas y organizaciones, invalidan cualquier crítica al gobierno de Cristina Fernández con el argumento de que hay que defenderla "por su género", mientras un grupo autodenominado "Mujeres Marchando" convocaba al reciente acto en la Plaza de Mayo para defender "al gobierno nacional y popular".

Las trabajadoras, activistas, intelectuales, docentes universitarias, profesionales, periodistas, estudiantes y trabajadoras de la cultura que suscribimos esta declaración, por el contrario, creemos necesario plantear una posición independiente tanto del gobierno como de las patronales "del campo", en favor de las mayorías, la clase trabajadora y el pueblo pobre, entre quienes las mujeres somos las que sufrimos la carga más pesada.

Decimos que es necesario unir a miles de mujeres trabajadoras de la ciudad y del campo, a las campesinas empobrecidas, a las jóvenes estudiantes y a las activistas en la lucha por nuestros derechos, para plantear la separación efectiva de la Iglesia del Estado; por el derecho a elegir y ejercer la maternidad, por la educación sexual y los derechos sexuales y reproductivos; por el derecho al aborto libre y gratuito para que no haya una muerta más por abortos clandestinos.

Por la libertad de Romina Tejerina y la cárcel a los violadores; contra todas las formas de violencia que se ejercen contra las mujeres, contra la trata y el proxenetismo. Por los derechos de las mujeres trabajadoras, trabajo para todas, igual salario por igual trabajo equivalente a la canasta familiar, basta de precarización, por guarderías gratuitas y el derecho a organizarnos.

http://dequegenerohablan.blogspot.com/


16 de julio de 2008

Mujeres Indígenas del Abya Yala

preparan primera Cumbre Continental


El encuentro regional de mujeres de los pueblos originarios del Continente se anuncia para los primeros meses del 2009, en la Triple Frontera Bolivia-Chile-Perú.

La actividad de las mujeres indígenas coincidirá con la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala.

El acuerdo de organizar el encuentro de mujeres de pueblos originarios emergió en la III Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, realizado en Guatemala, en marzo del 2007.

Desde entonces se han realizado tres encuentros preparatorios para definir la agenda de temas y el modo de organización.

El primero de ellos fue en septiembre del 2007 en la Escuela Nacional de Formación Indígena de Valledupar, Colombia.

El segundo, en abril del 2008 en la Escuela Dolores Cacuango de Quito, Ecuador y el tercero en el marco de la Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas III, reunida en mayo pasado en Lima, Perú.


15 DE JULIO DE 2008

Procesan a los médicos que se negaron a practicar
el aborto a Ana María Acevedo

Por primera vez en Argentina se dictamina el procesamiento de profesionales de la medicina por violar los derechos humanos de las mujeres al negarse a practicar un aborto legal solicitado por la víctima y por sus padres.

Aroldo Acevedo y Norma Cuevas -padre y madre de Ana María Acevedo, fallecida en mayo del 2007- actores civiles en la causa que investiga la muerte de su hija y la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, a través de las abogadas patrocinantes del caso, fueron notificadas los primeros días de este mes de la decisión del Juez Eduardo Pocoví del Juzgado Correccional de la 5º Nominación, que ha dictado los procesamientos de los médicos del Hospital Iturraspe: Andrés Ellena, César Blajman y Raúl Musacchio por los delitos de lesiones culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario público y de la Dra. Barbieri, directora del SAMCO de Vera, el integrante del Consejo de Administración Dr. Juan Manuel García y el Dr. Jorge Venanzi, médico radioterapeuta del Hospital Iturraspe, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El fallecimiento de Ana María Acevedo se produce en un contexto de absoluta violación de derechos sexuales y reproductivos, ya que el aborto terapéutico legal es un derecho que la ley reconoce y no efectuarlo contra la voluntad de la paciente significa la mayor violencia ejercida sobre el cuerpo de una mujer.Ana María fue privada de los derechos de ser informada y elegir libremente cuando maternar (Ley 11.888) de recibir educación sexual y decidir respecto de su vida sexual, lo que implica también decidir sobre el número de hijos/as y el tiempo para tenerlos, expresar su consentimiento o exigir que se le aplique el método anticonceptivo que elija (Ley Provincial 12.323) y finalmente acceder a un aborto legal y seguro (Artículo 86 del Código Penal).

Ana María fue condenada a proseguir un embarazo sin atención médica de tratamiento al cáncer que padecía por "convicciones, razones culturales y religiosas" como sostuvo el cuerpo médico y el Comité de Bioética del Hospital Iturraspe de Santa Fe.Desde la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe reiteramos nuestro profundo repudio a la violación de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres y varones, que son también derechos humanos.

Denunciamos los distintos controles y violencias que se imponen sobre el cuerpo de las mujeres, sea que provengan de personas, instituciones, ideologías, leyes o prácticas sociales. - Denunciamos la escasez o falta total de distribución de los MAC (métodos anticonceptivos) en nuestra provincia y la falta de previsión del estado argentino respecto de éstos insumos fundamentales que garantizan los derechos sexuales y reproductivos de toda la población.-

Exigimos que se difundan los alcances del “Programa de Salud Reproductiva y Procreación Responsable” para garantizar a todas las personas el pleno ejercicio de sus derechos.- Exigimos la implementación de los “Lineamientos de la Educación Sexual Integral” en el sistema educativo de la provincia.- Exigimos la implementación en nuestra provincia de los protocolos de atención sanitaria de aborto no punible y de la “Guía Técnica de Aborto No Punible” elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación.

Así mismo, consideramos urgente que los/as médicos/as de efectores públicos entiendan y acepten que a la hora de dilatar o judicializar un pedido de aborto no punible están violando leyes civiles y penales y de esta manera, el Estado no está garantizando los derechos sexuales y reproductivos de la ciudadanía.

La Multisectorial de Mujeres de Santa Fe integra y promueve la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito por tanto solicita a las legisladoras y legisladores nacionales por la Provincia de Santa Fe tomen conocimiento y apoyen el proyecto de Ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, que cuenta con estado parlamentario desde mayo del 2008 y que propone la despenalización y legalización del aborto para que las mujeres que decidan interrumpir el embarazo reciban atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país.

Consideramos que trabajar por el derecho al aborto en razón de justicia social, es reconocer que en el contexto latinoamericano, sumido en la pobreza, y en la desigualdad social, las mujeres pobres son quienes sufren las secuelas o mueren por abortos realizados en clandestinidad, excluidas también de otros bienes culturales y materiales. Por la plena vigencia de las leyes, los derechos humanos y de las humanas para una sociedad igualitaria.
Multisectorial de Mujeres de Santa Fe Educación sexual para decidirAnticonceptivos para no abortarAborto legal, seguro y gratuito para no morir

MULTISECTORIAL DE MUJERES DE SANTA FE
7 de mayo de 2008.
Convocatoria:
A un año de la muerte
de Ana María Acevedo

Enviado por
Multisectorial de Mujeres de Santa Fe
Fotos: La Barahúnda
Por la vida de las mujeres, exigimos la aplicación de las leyes vigentes

La historia de los últimos días de vida Ana María Acevedo, reconstruida a partir de los documentos ingresados a la causa legal y del relato de sus padres, pone en evidencia la realidad que padecen cientos de mujeres que son discriminadas en el sistema de salud pública, sometidas a tratos deshumanizados, a las que la sociedad y el sistema judicial les niegan el derecho de acceder a un aborto legal, seguro y gratuito.

Con 20 años de edad, Ana María Acevedo, oriunda de la localidad de Vera, provincia de Santa Fe y mamá de tres hijos/as de 4, 2 y 1 año, falleció el jueves 17 de mayo del 2007, tenía cáncer en el maxilar y estaba embarazada. La mató la intolerancia, el autoritarismo, la falta de respeto por la vida ajena; en definitiva, la suma de todos los fundamentalismos.

La crónica de su dolor comienza a ser registrada en mayo de 2006, cuando Ana María recurre al hospital de su localidad a causa de un fuerte malestar de muelas. Luego de cinco meses de atención odontológica, el 23 de octubre del mismo año es derivada al Hospital Cullen, de la ciudad de Santa Fe. Allí le detectan la enfermedad denominada: “Rabdomiosarcoma alveolar” y se le extrae una parte del tumor de las partes blandas de su cuello, sin explicarle que en su estado, debía tomar precauciones para no quedar embarazada.

El 23 de noviembre de 2006, es derivada al Servicio de Oncología del Hospital Iturraspe pero ante la sospecha de embarazo es demorado el inicio del tratamiento. El 7 de diciembre del 2006 se confirma el estado de gestación de cuatro a cinco semanas por lo que es derivada al Servicio de Ginecología del mismo nosocomio. Ana regresa a Vera a pasar las fiestas con su familia.

El 14 de febrero de 2007 Ana retorna a Santa Fe y se interna en Oncología. El 27 de febrero el Comité de Bioética del Iturraspe analiza el caso, el registro de la reunión, que no incluye nombres ni cargos de quienes participaron, deja documentado el intercambio entre los/as profesionales: “que los/as médicos/as deciden dejar en suspenso el tratamiento, ya que el indicado para la patología está contraindicado si se está cursando un embarazo”. Además se señala que “la enfermedad aún puede ser tratada con quimioterapia y radioterapia para mejorar la calidad de vida pero se descarta por el embarazo”. Por último, el registro del Comité dice: “¿en algún momento se pensó en un aborto terapéutico?” respuesta: “por convicciones, cuestiones religiosas, culturales, en este hospital y en Santa Fe, no”.

Conocida la decisión de comité, los padres de Ana recurren a la Fiscalía de turno que los deriva a la Defensoría del Pueblo, este organismo es notificado por el Hospital que la cesárea está programada para el día 9 u 11 de abril. La cirugía nunca se realiza, los/as médicos/as deciden nuevamente postergar la cesárea en beneficio de la salud del niño/a por nacer.

En la Historia Clínica de Ana María, de Unidad de terapia Intensiva del día 26 de abril figura: “… cumple 22- 23 semanas de gestación con mal estado general, con mucha deformación y dolor con
tratamiento (paliativo) con morfina. Se decide por mal estado de la paciente realizar cesárea”. El Dr. Emilio Schinner, explica en el expediente clínico que el parto se adelantó porque: “La paciente se encontraba pre-morten, es decir, con una marcada insuficiencia respiratoria y falla de órganos, y todo indicaba que el desenlace era inminente.” La nacida sólo sobrevive 24 horas. Ana muere la fría noche del jueves 17 de mayo, luego de seis meses de soportar las torturas a las que fue sometida por la ausencia del tratamiento.

Una vez más se incumplieron las leyes y una mujer es víctima de homicidio. Una vez más la que murió es una mujer joven, en situación de pobreza que fue privada de los derechos de ser informada y elegir libremente cuando maternar (Ley 11.888) de recibir educación sexual y decidir respecto de su vida sexual, lo que implica también decidir sobre el número de hijos/as y el tiempo para tenerlos, expresar su consentimiento o exigir que se le aplique el método anticonceptivo que elija (Ley Provincial 12.323) y finalmente acceder a un aborto legal y seguro (Artículo 86 del Código Penal).

El aborto terapéutico legal es un derecho que la ley reconoce y no efectuarlo contra la voluntad de la paciente significa la mayor violencia ejercida sobre el cuerpo de una mujer. Por este motivo, las abogadas de la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe y apoderadas de la familia de Ana, Norma Cuevas y Haroldo Acevedo trabajan en la denuncia penal de los médicos/as del Hospital Iturraspe por homicidio. La causa está en manos del juez Eduardo Pocoví, titular del Juzgado Correccional de la 5º Nominación de Santa Fe, que ya ha llamado a indagatoria a los Dres. César Raúl Blajman, Raúl Alejandro Musachio, David Yossen, Jorge Venanzi y Andrés Ellena.

La Multisectorial de Mujeres de Santa Fe y las más de 300 organizaciones sociales que integramos la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito reiteramos nuestro profundo repudio a la violación de los derechos sexuales y reproductivos, que son también derechos humanos. Sostenemos que en Argentina las muertes de las mujeres en situación de aborto se suceden porque una red de intereses, prejuicios e hipocresía opera para negarles el derecho a decidir sobre su propio cuerpo.

Denunciamos la ausencia de implementación de la Ley de Educación Sexual en las escuelas de todas las provincias; la escasez o falta total de distribución de anticonceptivos en casi todo el país y las reiteradas intervenciones del Poder Judicial y la Iglesia Católica para impedir la práctica de los abortos legales.

Exigimos la implementación en la Provincia de Santa Fe de los protocolos de atención sanitaria de aborto no punible y del protocolo de atención sanitaria post aborto elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación.

Exigimos que se difundan los Programas de Salud Sexual y Reproductiva, para garantizar a todas las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos. Así mismo, consideramos urgente que los/as médicos/as de efectores públicos entiendan y acepten que a la hora de dilatar o judicializar un pedido de aborto están violando su responsabilidad civil y penal y que de esta manera el Estado no está garantizando los derechos de las mujeres.
Afirmamos que garantizar el aborto legal, seguro y gratuito, se fundamenta en una razón de salud pública. Según estimaciones del Estado, el 37 %de los embarazos que se registran en el país terminan en aborto. De ellos, cerca del 15% corresponde a menores de 20 años. La clandestinidad del aborto no impide su realización, solamente aumenta los riesgos y atenta contra la dignidad de las mujeres. Numerosos estudios muestran que la legalización del aborto disminuye su número, si está acompañada de otras políticas públicas que garantizan el derecho a la vida y la salud de las mujeres. En Argentina hay 20 veces más muertes por aborto que en los países que lo han legalizado.

Por todo esto advertimos que quienes persiguen penalmente a las mujeres son los mismos que piensan que no merecemos derechos, que somos un recipiente reproductivo, incapaces de producir conocimiento y de decidir sin tutela. Ellos/as sostienen el reinado del androcentrismo que enfrentamos todos los días desde nuestros lugares para construir una sociedad justa, igualitaria y respetuosa de las diferencias.

Nosotras, feministas argentinas, reivindicamos el nombre de Ana para que nadie la desconozca, para que este sistema autoritario y patriarcal, que sigue matando mujeres en nombre de la vida, pague por sus víctimas.

Las mujeres decidimos, el Estado debe garantizar, la sociedad debe respetar y la iglesia no debe intervenir

MULTISECTORIAL DE MUJERES DE SANTA FE

CAMPAÑA NACIONAL POR EL DERECHO
AL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO

Educación sexual para decidir
Anticonceptivos para no abortar
Aborto legal, seguro y gratuito para no morir
Se aprobó la Ley contra el Tráfico y Trata de personas
Sábado 19 de Abril de 2008

















Los proxenetas tranquilos, el tío Sam satisfecho
Por Indymedia. Colectivo Género

El miércoles 9 de abril, el Congreso aprobó la Ley de Trata y Tráfico de Personas. La polémica ley fue impulsada por el poder ejecutivo, luego que Estados Unidos (el gendarme del mundo) considerara a la Argentina como “país en observación”, por no contar con una ley federal que reprima esta practica delictiva. El proyecto fue impulsado por el actual Ministro de Justicia Aníbal Fernández y defendida en el Senado y en el Congreso por la legisladora oficialista Vilma Ibarra

El proyecto, ahora ley, fue fuertemente resistido por organizaciones feministas y sociales que luchan contra este flagelo, por considerar que no sirve para perseguir a proxenetas y tratantes, y mucho menos para garantizar los derechos humanos de las víctimas. Esto se debe a que la ley hace una diferencia entre víctimas mayores y menores de 18 años, debiendo las primeras probar que fueron engañadas, violentadas, torturadas y/o abusadas. En este punto, la ley y sus impulsores caen en dos falacias: la primera, es suponer que puede existir alguna persona capaz de consentir su propia esclavitud; la segunda, en el caso de la prostitución, es creer que en un país empobrecido (con más de la mitad de la población bajo la línea de la pobreza), una mujer puede elegir libremente entre prostituirse o buscar otra forma de sustentar sus necesidades básicas.

Sin embargo la ley llega más lejos, al modificar el art. 145 del Código Penal, establece una sanción para quien "captare, trasportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas". Curiosamente, esta ley se "olvida" de aquellos que se benefician o quienes organizan esta situación. En otras palabras, la ley protege a los organizadores de la trata de personas, sancionando solo a los que hacen el trabajo sucio. Por ejemplo, pueden ser sancionados los empleados de los burdeles pero no los dueños del negocio (ni los políticos que los apoyan, ni la policía que se beneficia). Además, la norma sanciona con una pena de 3 a 6 años a quienes realizan trata de personas mayores, cuando, de no existir la ley se aplicaría el art. 142 bis del Código Penal que dice que "Se impondrá prisión o reclusión de cinco (5) a quince (15) años, al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima o a un tercero, a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Si el autor lograre su propósito, el mínimo de la pena se elevará a ocho (8) años". En otras palabras, la ley de trata reduce la pena que se aplicaba hasta ahora para los mismos hechos.

Muchas de las mujeres en situación de prostitución comenzaron siendo menores de edad y, por lo general, de forma gradual. Incluso muchas veces inducidas por la familia. Por lo general, los primeros proxenetas son novios o parientes y también sucede que son personas cercanas quienes las entregan a los tratantes. Si una chica de 16 años es entregada por un familiar a una red de prostitución y es rescatada recién a los 19 años cuando intentaban llevarla a España, esa joven es mayor de edad al momento de comprobarse el delito. Entonces la ley, ¿cómo consideraría esos 3 años previos de explotación?

De hecho, es esta realidad de pobreza la que arrastra a miles de personas a manos de tratantes. Muchas/os acuden al llamado de trabajos que prometen un mejor futuro, y luego son introducidas en redes mafiosas de explotación sexual o esclavizadas/os en talleres clandestinos de costura, por ejemplo. Además, esta demostrado que el accionar de estas redes mafiosas no sólo no se limita a la explotación, sino que cuenta con la suficiente impunidad y capacidad operativa como para además de secuestrar, engañar y torturar, dañar a las familias de sus victimas.

Esta es una razón más para argumentar que en el caso de existir un “supuesto” consentimiento, éste tiene una alta posibilidad de estar viciado. Pero tampoco estos argumentos fueron escuchados por los/as “representantes del pueblo”, más preocupados por cumplir (con las necesidades del poder ejecutivo y con las normas internacionales), que en solucionar el problema de fondo. Un fondo en el que se debate la libertad y hasta la vida de muchísimas mujeres y niñas secuestradas en burdeles, de inmigrantes con ilusiones y sin papeles, mano de obra barata para la floreciente industria textil, entre otros/as.

“Los traficantes de personas, dueños y capataces de las redes de prostitución, amos y señores en talleres clandestinos de costura o calzado, de quintas u obras de construcción que prostituyen y esclavizan a más de medio millón de migrantes en todo el país, pueden dormir en paz. Ya tienen una ley que los ampara, aunque aparente combatirlos. La ley votada por el Congreso Nacional concebida para reprimir la trata de personas es una manifestación más del

«como si» al que ya nos tienen acostumbrados.”, expresa Gustavo Vera integrante de la Cooperativa La Alameda. En el caso de que se compruebe que una persona mayor fue engañada y violentada para luego ser esclavizada, las penas son ínfimas, apenas 3 años de prisión, lo que hace que sean excarcelables.

Para las organizaciones integrantes de la Campaña “Ni una mujer más victima de la redes de prostitución”, la ley establece que existe una “

trata legítima: aquella en que estas circunstancias no puedan ser probadas, lo que convertirá a los tratantes en inocentes empresarios de la trata de personas, en esclavistas legales, aunque se demuestre que el fin que persiguen es la explotación de la prostitución ajena, del trabajo esclavo o los demás previstos por la ley.

Informes recientes producidos por Naciones Unidas y la Organización Mundial del Trabajo, consignan que 4.000.000 de mujeres y niños en el mundo son victimas del “negocio” de trata. América Latina y el Caribe aportan 1millón 300 personas. En Argentina, una mujer puede ser vendida por 5.000 pesos o 150 pesos y aportan una ganancia anual de 15 mil dólares. Queda claro que esta pantomima de ley contra la trata –que llega 59 años tarde porque la Argentina firmó en el año 1949 el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena-, es sólo un intento de cumplir con los requisitos de corrección política de la Casa Blanca y no el firme deseo de terminar con esta catástrofe humanitaria considerada la esclavitud del siglo XXI.
ESCRACHE EN TRIBUNALES
DE ENTRE RIOS POR EL FEMINICIDIO
DE WILMA MEZA


Fotos: La Barahúnda
Se realizó un escrache en tribunales por el feminicidio de la médica Wilma Meza, en manos de su pareja, ocurrida hace 4 meses, repudiando la resolución judicial de habilitar al imputado Marcelo Costas, pareja de la victima, a esperar el juicio oral y público en libertad.






La Barahúnda participó del escrache y repudia el accionar de la justicia en los casos de violencia y asesinatos hacia las mujeres.